Hacia la séptima generación de izquierda

De aquellas hipotecas estos embargos

 

El pasado 26 de enero causó revuelo la amenaza televisiva del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, sobre la posibilidad de nacionalizar el Banco Provincial, filial del BBVA. Y ello, porque el mandatario venezolano, después de que una ciudadana denunciara la paralización de las obras del complejo de viviendas de San José del Ávila financiada por la entidad, solicitó comunicarse con el presidente ejecutivo de la misma, Pedro Rodríguez, en una alocución transmitida en todas las cadenas y emisoras abiertas del país: "Señor presidente del Banco Provincial, es el presidente Chávez y yo estoy aquí en una cadena presidencial y le voy a repetir, con todo respeto lo que ya dije: Si el Banco Provincial no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco".

Dos días antes, el 24 de enero, la ministra de economía del Reino de España, Elena Salgado, anunció la reforma de las Cajas de Ahorros, con la intención de que se bancarizasen las que tengan unos ratios mínimos de solvencia, y las que no, serán intervenidas por el Estado (no sabemos que significa esto porque según la ley de cajas "La representación de las Administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público en los órganos de gobierno de las cajas no podrá superar en su conjunto el 50% del total de los derechos de voto en cada uno de tales órganos, teniendo que estar representadas todas las entidades y corporaciones" ahora será del 40%) . Y no sabemos que quedarán de los "fines públicos" a los que eran destinadas las cajas.

Resultó sorpresivo el cambio de rumbo, tras meses de anuncios en los que se promovieron las fusiones de Cajas con unos criterios, ahora, y sin previo aviso, se optan por estas medidas. Y resulta que el 28 de enero, sale publicado en distintos medios digitales, que estas reformas tienen su origen en una reunión que mantuvieron los directivos de más alto rango de BBVA y de Banco Santander en la última quincena de diciembre con el Gobierno.

Tras estos hechos, cabe preguntarse el por qué en un caso se ha menospreciado, y ridiculizado, la actitud de Chávez, llamando al presidente del Banco para exigir que acate la ley de hipotecas del país; y, sin embargo, en la democrática España, han sido los bancos los que han llamado a Zapatero para que modifique las Ley de Cajas siguiendo sus intereses, y casi nadie se haya ofendido.

Los liberales y demócratas piensan que Hugo Chávez, en su extremado "socialismo", es un estrafalario, y que se salta los trámites obligados para que la ley se cumpla por parte de los bancos. Seguirán opinando que no se guía por criterios mercantiles, pues no se puede obligar al banco a conceder préstamos en determinadas condiciones. Sea. Pero los demócratas y liberales no se ofenden, ni han denunciado, la lesiva legislación hipotecaria habida en España, que es la más lesiva y leonina con los intereses de los ciudadanos del occidente conocido, y que ha retirado valiosos recursos económicos a la ciudadanía española, pero como ha pasado los trámites formales preceptivos. Sea también.

Resumen del sistema actual, para quien quiera motivos propios, y sin salir al extranjero, para escandalizarse y avergonzarse:

El proceso judicial español sobre los impagos hipotecarios es durísimo y puede provocar la absoluta ruina de una familia. El primer trámite para la concesión de una hipoteca es que el banco designe una tasadora de su confianza o de su propiedad (y que, por supuesto, paga el cliente), la cual fija un valor de tasación que, normalmente, sirve como tipo para la posible subasta. Pues bien, la Ley de Enjuiciamiento Civil permite que cuando no hay postores (lo que en la actual situación de crisis económica es lo más frecuente) el banco pueda adjudicarse la vivienda por el 50% de aquel valor de tasación. Esto es, si no pagas te exigirán todo lo que debes, más intereses de demora que pueden ser hasta el 29% del préstamo, más todas las costas y gastos del proceso. Todo lo cual puede suponer el doble de lo que debías y, como además el banco se puede quedar con tu vivienda por la mitad de tasación, resulta que la pierdes y puedes seguir debiéndole al banco casi tanto como te prestó, con lo cual te pueden embargar todos los bienes presentes y futuro, es decir, te pueden embargar la nómina, coche… y esa deuda seguirá toda la vida hasta que se condiga pagarla, lo mismo para los avalistas, normalmente los padres.


El sistema de devolución del préstamo sigue el sistema Francés, es decir, los primeros años de pago de las cuotas hipotecarias, en su mayor parte, van destinados a abonar los intereses que se derivan de los 40 años de préstamo, siendo casi inapreciable la amortización de la vivienda, por lo que el banco recibe por adelantado el cobro de los intereses devengados en 40 años, y así consiguen unos beneficios extraordinarios en poco tiempo, y el ciudadano en caso de impago, ya ha adelantado mucho de los intereses y debe la mayor parte del valor de su propiedad.

Además, por si fuera poco, te obligan a hacer seguros de vida con sus aseguradoras, de hogar, y en algunos casos, seguros de impago.

Por eso en España no se puede dar el "efecto sonajero", es decir, la entrega de llaves, pues la casa no garantiza el pago, llegando a quedar en ridículo la propia figura hipotecaria.

Esto ha sido reconocido, aunque excepcionalmente, pues se trata de un único caso entre miles, por el reciente Auto111/2010 de la Sección Segunda Audiencia Provincial de Navarra, dice:

I.- "Nos encontramos en una situación de crisis económica sin precedentes desde la gran depresión de 1929"

II.- "Esta crisis tiene su origen en una causa precisa, que no es otra que la mala gestión del sistema financiero del que resultan protagonistas las entidades bancarias. Esto no lo dice esta Sala, sino que ha sido manifestado por el Presidente del Gobierno Español, por los distintos líderes políticos de este país, por expertos en economía y por líderes mundiales, empezando por el Presidente de Estados Unidos."

III.- "El Banco ejecutante, sin decir con ello que sea el causante de la crisis económica, no puede desconocer su condición de entidad financiera y por lo tanto integrante del sistema financiero, cuya mala gestión ha desembocado en esta situación, moralmente es rechazable que se alegue para intentar continuar la ejecución la pérdida de valor de la finca que servía de garantía al préstamo, que no se hubiera concedido si no hubiera tenido un valor suficiente para garantizar el préstamo concedido, que fue fijado por la entidad bancaria ahora ejecutante, o cuando menos aceptado, siendo que dicha pérdida de valor es directamente achacable a la crisis económica, fruto de la mala praxis del sistema financiero".